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Todo lo que necesita saber sobre la nueva Ley de Vivienda en España: protección a los vulnerables, ampliación del parque público y regulación del mercado inmobiliario

Todo lo que necesita saber sobre la nueva Ley de Vivienda en España: protección a los vulnerables, ampliación del parque público y regulación del mercado inmobiliario

La Nueva Ley de Vivienda en España: Garantizando el Derecho a una Vivienda Digna y Adecuada

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La nueva Ley de Vivienda en España ha sido aprobada con el objetivo de garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada, proteger a las personas vulnerables y aumentar el parque público de viviendas sociales. Actualmente, el país cuenta con alrededor de 290.000 viviendas de alquiler de titularidad pública, lo que representa solo el 1,6% del total de hogares habitados en España. Una cifra significativamente menor que la de otros países de la Unión Europea como Francia, Reino Unido, Suecia, Países Bajos, Austria o Dinamarca, que ofrecen alrededor del 15% de vivienda social.

casaLa nueva Ley modifica diversas normativas relacionadas con la vivienda, como la Ley de Arrendamientos Urbanos, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, entre otras. Asimismo, establece que la cuota de hipoteca o alquiler y los gastos de suministros y básicos no deben superar el 30% de los ingresos de la unidad de convivencia.

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En la Ley se define un «gran tenedor» como una persona física o jurídica que es titular de más de 10 viviendas urbanas de uso residencial o superficie construida de más de 1,500 m2 de uso residencial (sin garajes ni trasteros). También se incluye una categoría de «gran tenedor excepcional», que se aplica a los propietarios de 5 viviendas en zonas tensionadas. Las comunidades autónomas determinarán estas zonas tensionadas.

casaLa Ley también establece la creación de una base de datos en la que se registren las fianzas, la propiedad y otras fuentes, para determinar un índice de referencia. Las comunidades autónomas que lo deseen podrán aplicar este índice de referencia para establecer precios de alquiler..

Asimismo, la Ley prevé las zonas de tensionadas, que se determinarán mediante estudios realizados por la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda. Para declarar una zona tensionada, se debe cumplir una de las siguientes circunstancias: que la carga media del coste de la hipoteca o alquiler y los gastos y suministros básicos supere el 30% de los ingresos o renta media de la unidad de convivencia, o que el precio del alquiler o compra haya experimentado un incremento acumulado en los últimos 5 años de al menos 3 puntos porcentuales por encima del incremento acumulado del IPC de la comunidad autónoma correspondiente.

La Ley entrará en vigor el 30 de junio de 2023 y se aplicará a los contratos firmados después de esa fecha, así como a los anteriores en los que se pacte su sumisión. Los efectos fiscales de la Ley se aplicarán a partir del 1 de enero de 2024. La declaración de zonas tensionadas tendrá una vigencia de 3 años, y se podrá prorrogar anualmente siguiendo el mismo procedimiento. La Ley también establece medidas para ampliar el parque público de viviendas sociales, como aumentar el porcentaje de suelo destinado a vivienda de protección pública del 30% al 50 %.

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